La movilización de una caravana de casi 2 mil migrantes hondureños, que buscan llegar a los Estados Unidos y pretenden atravesar por el territorio mexicano, ingresando en las próximas horas, movilizó ayer tanto a los cancilleres, tanto del gobierno saliente de Peña Nieto, como el del gobierno electo de Andrés Manuel López Obrador. Y es que las amenazas proferidas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a los gobiernos de Honduras, Guatemala y El Salvador, si no frenaban de inmediato el avance del contingente de migrantes, pusieron a teblar al gobierno mexicano e hicieron que Luis Videgaray y Marcelo Ebrard tomarán cartas y posiciones en un asunto que amenaza con desatar una nueva crisis migratoria y diplomática en la región.
Mientras el canciller Videgaray endureció la posición del gobierno de México, y en un comunicado amenazó con no permitir la entrada al territorio nacional de “toda persona que ingrese de manera irregular” y aplicarles un procedimiento administrativo y deportación a los integrantes de la caravana hondureña, el próximo secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard se trasladó ayer hasta Tegucijalpa en donde sostuvo una reunión de emergencia con los cancilleres de Honduras, El Salvador y Guatemala, para impulsar un acuerdo regional que favorezca la “migración optativa y no obligatoria” que propone el presidente electo López Obrador.
A contracorriente de la posición oficial de SRE, que argumentó no sólo el respeto a las leyes migratorias mexicanas sino de tratados internacionales para exigir que los migrantes que deseen ingresar a México cuenten con “documentos de viaje y visa concedida por el gobierno mexicano” e invocó también una preocupación por la seguridad de los hondureños que pueden caer “en las redes de trata y tráfico de personas que ponen en riesgo su seguridad e integridad personal, el gobernador de Chiapas, Manuel Velasco, dijo que su administración no impediría de ninguna forma el paso de los migrantes hondureños por la frontera chiapaneca y que se les garantizaría el “libre tránsito” y el respeto a sus derechos en territorio chiapaneco.
Aunque Donald Trump no aludió hasta ahora en sus amenazas a México, está claro que ni la administración saliente de Peña Nieto, ni la entrante de López Obrador, quieren en estos momentos otro desencuentro con el agresivo mandatario estadunidense y menos por el tema migratorio, justo cuando estamos en la víspera de que se apruebe en los Congresos de ambos países, y de su posterior firma, del nuevo Tratado comercial con Estados Unidos y Canadá.
La última vez que el racista y antiinmigrante Trump la emprendió contra una caravana de migrantes indocumentados fue en abril de este año, cuando un grupo de apenas un millar de centroamericanos –la mitad de la caravana actual— intentó llegar a Estados Unidos en busca de asilo político, huyendo del desempleo, la pobreza y la violencia en sus países. En aquella ocasión, el 3 de abril, sí hubo una exigencia pública del mandatario estadunidense para que México frenara el avance del contingente: “México tiene el poder absoluto de no permitir estas enormes caravanas de gente entrar en su país. Tienen que pararles en su frontera norte (Sic) lo que pueden hacer porque sus leyes fronterizas funcionan, no permitirles pasar hasta nuestro país”.
Y en aquella ocasión, ante la inacción del gobierno mexicano, Trump ordenó el 5 de abril la movilización de la Guardia Nacional de los Estados Unidos a la frontera con México, con el argumento de proteger a su país de “migrantes clandestinos” y dio instrucciones a los Departamentos de Defensa y de Seguridad Interna desplegar a los efectivos militares por toda la línea fronteriza. ¿Será por eso, y por no enturbiar la “luna de miel” entre la administración Trump y los dos gobiernos que en esta transición coexisten en México, el peñista y el lopezobradorista, que ésta vez México sí está dispuesto a frenar, detener y deportar a los hondureños que crucen la frontera sur del país? ¿Y con qué autoridad moral, y sobre todo con qué congruencia, lo hará el Estado mexicano que sigue expulsando migrantes indocumentados a los Estados Unidos?
NOTAS INDISCRETAS…El jalisciense Arturo Zamora se registró ayer por la tarde como único aspirante a la Secretaría General del PRI, por lo que se convertirá en el segundo de a bordo del CEN priista y compañero de la presidenta Claudia Ruiz Massieu, en las próximas horas. El registro de Zamora confirma que el ex gobernador de Yucatán, Rolando Zapata, finalmente se cayó, a pesar de que su nombramiento ya había sido palomeado por Peña Nieto, pero al parecer el que finalmente no haya podido ganar la gubernatura y unas muy largas vacaciones dejaron fuera al yucateco. Y sobre quién llegará ahora a la CNOP que dejó vacante el político de Jalisco, hay versiones de que José Murat busca quedarse con el sector popular, en lo que significaría un fortalecimiento de las aspiraciones de su pupilo, el gobernador Alejandro Moreno, para dirigir al PRI, aunque también se sabe que Aurelio Nuño no quita el dedo del renglón de integrarse a la dirigencia priista y también había puesto el ojo en la CNOP. Y si Murat finalmente deja la Fundación Colosio, lo que parecería un hecho es la llegada de Manlio Fabio Beltrones al órgano ideológico del viejo partido. En fin, movimientos previos a la guerra priista que comienza el 1 de diciembre…Donde se escuchan fuertes denuncias contra el diputado federal de Morena, Julio César Ángeles Mendoza, es en Hidalgo y particularmente en Atotonilco de Tula, de donde fue alcalde el hoy secretario de la Comisión de Energía de San Lázaro. Empresarios y vecinos de ese aseguran que Angeles Mendoza mantiene sus enfrentamientos con diversas empresas asentadas en la localidad hidalguense, las cuales se quejan de que como alcalde, el ahora diputado intento extorsionar con amenazas de clausuras y cierres por supuestas violaciones a las disposiciones municipales. Ni siquiera ahora que se supone que trabaja en San Lázaro, el ex alcalde deja de presionar a compañías tan grandes como una cementera trasnacional, pues la semana pasada financió un bloqueo en la comunidad de Cuayuca, encabezada por su primo Ubaldo Ángeles Doniz. Dicen los atotonilquenses que lo que busca César Angeles “es sacar dinero a los empresarios en vez de cuidar su chamba en el Congreso”, donde por cierto es de los legisladores con más faltas en lo que va de la actual legislatura…Dados rodando. Serpiente doble.
