Tras revelarse inconsistencias, rasuramiento de líneas de investigación sobre el mantenimiento y hasta denuncias penales por violación de evidencias y ruptura de la cadena de custodia, el dictamen final sobre el colapso de la Linea 12 que presentó la empresa noruega-alemana DNV, por encargo directo del gobierno de la CDMX, ha perdido fuerza y credibilidad y difícilmente podría ser tomado como concluyente para definir quiénes son los responsables de la tragedia que costó la vida de 26 personas en una investigación judicial como la que ya realiza la Fiscalía General de Justicia de la capital del país.
A pesar de la defensa a ultranza que ha realizado la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, del informe que le entregaron los peritos de la empresa de origen nórdico, es claro que el sesgo que tomaron las investigaciones, al haber sido su gobierno juez y parte, obliga a que se realice un análisis que incluya todas las causas posibles de la tragedia que marcó la historia del Metro y no sólo las que convengan a quien conduce las indagatorias y peritajes. Al final, no se trata sólo de expiar y repartir culpas, con explicaciones simplistas, sino de llegar a una explicación de todos los factores técnicos, pero también de las acciones, decisiones y omisiones humanas que se encadenaron para que ocurriera el desastre que llenó de luto y de dolor a la ciudad y a las familias de las víctimas.
En ese sentido, habrá que esperar los peritajes de expertos calificados que está realizando la Fiscalía de la Ciudad de México. Como organismo público autónomo, la Fiscalía capitalina debe contar con personal especializado y con experiencia en este tipo de investigaciones y, por ley, le compete la función legal y jurídica de determinar las causas, todas las posibles y la suma de estas, que provocaron el colapso de las estructuras elevadas y causaron la muerte de 26 usuarios de ese sistema de transporte. A partir de las conclusiones a las que arriben los peritos y expertos judiciales, es que se puede proceder a deslindar e imputar responsabilidades penales y judiciales contra quienes resulten responsables de las muerts y los daños ocasionados por el derrumbe.
Es decir, que sin menospreciar ni demeritar la seriedad de la empresa noruega DNV y de su filial en México, según su perfil y su pagina de internet, se trata de una compañía privada especializada en la asesoría e implementación de sistemas de aseguramiento técnico en el sector marítimo, energético y del petróleo, gas y de realizar certificaciones de pozos petroleros y otras instalaciones industriales. “La descarbonización profunda debe ser el estándar establecido para el desarrollo del sistema energético mundial. El mundo puede y debe hacer una transición más rápida. Con cada inversión verde, innovación, política de habilitación y asociación, podemos acercar al mundo a un sistema energético profundamente descarbonizado. Con estos pasos, podemos promover tecnologías e infraestructura para aumentar rápidamente la generación de energía renovable y extender su alcance a nuevos sectores”, dicen el CEO de DNV Energy Systems, Ditlev Engel, sobre la misión y especialización de su empresa.
Luego entonces, la exigencia de justicia y las prisas que impone el debate público, pudieron llevar a que Claudia Sheinbaum –a quien el presidente le encargó las investigaciones de esta tragedia a sabiendas de que ella era una de las partes involucradas directamente en el caso a investigar— buscará una salida fácil y a modo para satisfacer el clamor popular de conocer la verdad y de paso tratar de orientar los fallos técnicos de la empresa contratada por su gobierno a una sola de las causas que no fuera precisamente la que podría involucrar a su administración. Pero esta claro que, a diferencia de lo que defiende apasionadamente la Jefa de Gobierno, la percepción popular de negligencia y corrupción, combinadas como origen del trágico derrumbe, no alcanza a ser satisfecha por su dictamen final presentado la semana pasada.
Al final, la responsabilidad de llegar a la verdad, fincar responsabilidades penales y procurar justicia, recae única y exclusivamente en la Fiscal de la CDMX, Ernestina Godoy, quien, abstraída de las prisas, clamores y presiones, debe encabezar una investigación a fondo, que no descarte ni elimine ninguna de las líneas de investigación –incluida la falta de mantenimiento que desapareció del dictamen de DNV— y en la que se llame a declarar y a cuentas a todas las personas, empresas y autoridades responsables cuando lo dicten los tiempos marcados por su equipo de peritos técnicos y judiciales. En el nuevo sistema de justicia penal, la prioridad son los derechos de las víctimas, por lo que la Fiscalía debe buscar por ley la reparación desde el inicio del procedimiento, a diferencia de lo que pasaba en el anterior sistema judicial donde las víctimas y sus derechos quedaban enterrados en toneladas de papeles, legajos y el burocratismo judicial.
En los asuntos de justicia, y más en un tema como la tragedia de la Linea 12 que sigue siendo una herida abierta que todavía supura y le duele a las familias de las víctimas y a la ciudad entera, hay dos cosas que tendrá que evitar la Ernestina Godoy, la primera, proceder apresuradamente o con precipitaciones que arruinen sus indagatorias y el debido proceso; y la segunda, garantizar la total autonomía e independencia de su fallo, por encima de su cercana relación política con la Jefa de Gobierno. Esta es la prueba de fuego para la primera fiscal mujer, jurista y autónoma que tiene la Ciudad de México.
NOTAS INDISCRETAS…La propuesta de Quirino Ordaz como nuevo embajador de México en España generó reacciones inmediatas entre los compañeros priistas del gobernador de Sinaloa. Aunque nadie se sorprende de que el presidente López Obrador invite a formar parte de su gobierno al mandatario del PRI, por la cercanísima relación política y afectiva que ambos trabaron durante los últimos tres años, dentro del viejo partido no faltan los que empiezan a buscarle motivaciones retorcidas al cargo diplomático ofrecido a su correligionario. Desde los que piden explicaciones al gobernador sinaloense, hasta los que asocian el futuro cargo de Quirino al resultado de las pasadas elecciones locales en Sinaloa donde el PRI perdió la gubernatura y el estado quedó en manos del morenista, Rubén Rocha Moya. Como sea, el cargo aún tendrá que ser aprobado por el Senado, pero con la mayoría morenista decidiendo el nombramiento es seguro que Ordaz Coppel en unos meses más cambie el despacho de gobierno de Culiacán por la sede de la embajada mexicana en Madrid…Los dados abren con Escalera. La semana promete.
