La operación para concretar el regreso de Elba Esther Gordillo y la recuperación de su control del magisterio nacional dio ayer sus primeros pasos. Por la vía legal, con una denuncia penal en contra de Juan Díaz de la Torre, secretario General del SNTE, y sus allegados Isaac Chertorivsky, Bernardo Quesada, Jessica Pereda y Juan Pablo Carranza, a quienes dos maestros afines a Gordillo acusaron ante la PGR de malversar “fondos de retiro” de los docentes por más de 20 mil millones de pesos, además de otorgar créditos con intereses excesivos al magisterio a través de una empresa privada (ETESA), que maneja una cobranza de hasta 50 millones de pesos.
Y por la vía política, para hoy martes está anunciada una movilización y concentración de maestros elbistas frente al Senado de la República (“para que se eduque Monreal”, dijo ayer un dirigente cercano a Gordillo) con la que se busca detonar “un gran movimiento nacional” en contra de Juan Díaz de la Torre, a quien Elba Esther identifica como uno de los “traidores” que se confabularon en su contra con el gobierno de presidente Peña Nieto para defenestrarla y arrebatarle el control del sindicato más grande y con mayores recursos de México y de América Latina.
En la denuncia presentada ayer ante la PGR, además del empresario y publicista Isaac Chertorivsky (padre de Salomón Chertorivsky, ex secretario del gabinete de Mancera en la CDMX) aparecen Bernardo Quesada, ex diputado de Nueva Alianza y quien fuera señalado por el Miami Herald en 2017 por comprar 17 condominios en la exclusiva zona de Brickwell con un valor total de 6.3 millones de dólares, además de Jessica Pereda, dueña de ETESA (Ediciones, Tratados y Equipos, S.A) que con sus filiales Abaco y la Sofom “Refácil” otorgaban prestamos lo mismo al SNTE que a la CNTE y recibían contratos de dependencias como el ISSSTE, IMSS, Secretaría de Salud y más de 29 gobiernos estatales, y que fueron investigados y sancionados por la Condusef y por Hacienda por “cobros excesivos” y ocultamiento de tarifas e intereses en sus créditos.
Pero de todos los nombres que aparecen en la denuncia presentada por los maestros en activo Luis Pérez Pasten y Venancio Morales Zúñiga y elaborada por los abogados de Elba Esther, el nombre más delicado es el de Juan Pablo Carranza, dueño de la empresa “Kubo Maestro” y a quien acusan de manejar “un fondo para distribuir efectivo ilegal” en el SNTE hasta por 100 millones de pesos mensuales, cuyo origen y aplicación se pide investigar penalmente. Según cercanos a Elba Esther, Juan Pablo Carranza es el operador financiero “de confianza” de Juan Díaz y “Kubo Maestro” es la firma por la que se realiza una operación de “lavado de dinero” que maneja el sindicato magisterial.
Veremos que tan efectiva resulta la estrategia de Elba Esther Gordillo para acelerar su regreso al control del SNTE que ocurre en la víspera de que los magistrados del Tribuna Superior de Justicia Administrativa resuelvan su demanda para ser reinstalada en la presidencia del sindicato, pero también justo cuando el presidente electo Andrés Manuel López Obrador habla de impulsar la “democratización de los sindicatos”, de que su gobierno no tendrá “consentidos ni protegerá cacicazgos” sindicales y anuncia una iniciativa de ley para hacer obligatorio el voto libre y secreto de los trabajadores sindicalizados para elegir a sus dirigentes. ¿Ese mensaje también aplica a la maestra?
NOTAS INDISCRETAS…Manuel Gómez Morín Martínez del Río, candidato a la dirigencia nacional del PAN, envío ayer una carta en la que reconoce su relación personal y profesional con el empresario Ricardo Silva Padilla y la empresa Trese, acusada de incumplir un contrato de 500 millones de dólares con Pemex y declarada actualmente en concurso mercantil: “Le comparto que desde hace muchos años presto mis servicios profesionales como abogado externo a la empresa Tecnologías Relacionadas con Energías y Servicios Especializados, S.A. de C.V, pero le aclaró, que no soy su representante jurídico. Trese me debe honorarios y por dicha razón, aparezco en su contabilidad como acreedor. Por ello presenté un escrito de reconocimiento de crédito, tal y como lo señala la ley en la materia. Sobre otros acreedores, nada me impide que me autoricen en el juicio para oír y recibir notificaciones, pero yo no los represento, así que no hay conflicto de intereses”. Luego refiere en su carta que el contrato otorgado a Trese en octubre de 2012 no fue en el gobierno de Felipe Calderón, que ya había concluido. Y sobre la aparición de su cliente Ricardo Silva Padilla y de Trese en los Bahama Leaks, Gómez Morín lo explica así: “Es común en el sector, que una naviera abra empresas, sucursales o se alie con agentes navieros locales en diferentes países con el fin de mantener los requisitos inherentes a su dedempeño como operador (…) Panamá, Bahamas, Singapur, Tuvalu o Islas Marshalls, son países donde los dueños de las embarcaciones abanderan sus artefactos, los operadores suelen abrir oficinas o representaciones ahí (…) en el caso concreto de Bahamas, según me reporta Trese, su cuenta no ha tenido arriba de 500 dólares”. Finalmente el candidato a dirigente panista comenta sobre la existencia de “guerra sucia” en el proceso interno panista y refiere que “se ofrece información fuera de contexto a los periodistas”. Hasta ahí el resumen de la carta que pide publicar Gómez Morín. Sólo dos comentarios a Gómez Morín: efectivamente el contrato de 500 mdd a Trese se otorgó en el primer año de gobierno de Peña Nieto, pero el proceso para su licitación y asignación comenzó desde el último año del gobierno de Felipe Calderón. Porque fue en el sexenio calderonista donde Trese pasó de ser una empresa menor y sin experiencia en el campo petrolero a convertirse en contratista mayor de Pemex, con apoyo de cabilderos vinculados al PAN como Felipe de Jesús Cantú, entonces presidente de la Comisión de Energía de San Lázaro y hoy candidato a la alcaldía de Monterrey. De hecho, el cambio de razón social de Trese, documentado ante notario y que obra en el expediente en poder del columista, para poder concursar por contratos públicos fue en marzo de 2010. Y sobre la aparición de su cliente en las listas de mexicanos que sacaron dinero del país, a paraísos fiscales, el nombre de Ricardo Alfredo Silva Padilla aparece documentado tanto en los reportes del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, como en los reportajes de Mexicanos contra la Corrupción que incluyen al dueño de Trese en la lista de 432 empresarios mexicanos que utilizaron ese mecanismo para ocultar dinero en Bahamas…Los dados mandan Escalera doble. Subimos.
